El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que el Gobierno de España prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y reforzará la responsabilidad legal de las plataformas digitales que no retiren contenidos de odio o ilegales. El socialista lo ha anunciado en el World Governments Summit de Dubái.
Durante su intervención, Sánchez ha avanzado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias -que se aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros- con el objetivo de «hacer de las plataformas digitales un espacio saludable» y frenar los «abusos» de las grandes tecnológicas.
«Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital», ha expresado el presidente español en su discurso ante los demás líderes mundiales.
La Junta de Andalucía pidió la limitación a menores
La decisión del Gobierno de España llega tras una petición expresa de la Junta de Andalucía. La iniciativa fue presentada tras el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba, donde el Gobierno andaluz defendió la necesidad de adaptar la legislación a los nuevos riesgos del entorno digital. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, subrayó entonces que, aunque la tecnología «no es un problema en sí misma», sí exige respuestas más ágiles y contundentes frente al acoso.
Sánchez y su equipo han recogido dicho planteamiento y lo han integrado en una estrategia más amplia de gobernanza digital, con la que buscan garantizar un entorno online «más seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales».
Australia fue pionera en implantar la prohibición del acceso a redes sociales de los menores y ya hay otros países que están siguiendo el mismo camino como Francia, Reino Unido y Dinamarca. De hecho, en mayo de 2025 España, junto a Grecia y Francia, ya realizaron una propuesta conjunta a la Unión Europea para establecer una edad mínima.
Más medidas del Gobierno para regular las redes sociales en España
Las redes sociales estarán obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Más allá de esta restricción, el paquete anunciado por Sánchez incluye otras medidas significativas. El Ejecutivo promoverá una reforma legal para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en ellas y puedan enfrentarse a consecuencias penales si no se retiran contenidos de odio o ilegales. Este mecanismo promoverá que las compañías se aseguren de supervisar y poner límites a lo que prolifera en ellas.
Además, se tipificará como delito la «manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal» y se creará un sistema de rastreo y trazabilidad que permita establecer una «huella de odio y polarización». Con esta herramienta, el gobierno pretende «cuantificar» en redes estos comportamientos como base para futuras sanciones.
Según afirma, difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que «las plataformas ya no se podrán permitir ignorar». Y ha añadido: «Se acabó ocultarse bajo el código y se acabó decir que la tecnología es neutral». «Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieron haber abandonado», ha apuntado.
Una alianza con la Fiscalía y con otros países
El Gobierno también trabajará codo con codo junto a la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales de plataformas como Grok, TikTok e Instagram. «Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera», ha aseverado.
No han faltado entre sus palabras acusaciones directas a «materiales de pornografía infantil generadas por inteligencia artificial» que compañías como TikTok «toleran». Tampoco la referencia a Elon Musk, propietario de X y con quien tuvo un encontronazo en redes sociales la semana pasada, por la regulación de la inmigración en España. El presidente ha aprovechado la ocasión para reprobar que su agente de IA, Grok, permita generar «contenido sexual ilegal».
En paralelo, el presidente ha anunciado la adhesión de España a la «Coalición de los Dispuestos Digitales», junto a otros cinco Estados europeos, para avanzar en una regulación más rápida y eficaz a nivel internacional. Sánchez no ha precisado por el momento de qué países se tratan, pero sí que la primera reunión tendrá lugar en los próximos días.
Un duro golpe a la «tecnocasta»
Este movimiento se enmarca en una ofensiva más amplia del Ejecutivo contra lo que Sánchez ha denominado la «tecnocasta» de Silicon Valley. Durante su discurso en Dubái, el presidente ha sido especialmente crítico con el papel actual de las redes sociales, a las que calificó de ser un «Estado fallido» en el que «la desinformación vale más que la verdad», donde se toleran muchos delitos y los algoritmos distorsionan el debate público.
Sánchez también ha acusado a Instagram de «espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo» y a Facebook de fomentar en campañas de desinformación durante elecciones nacionales y regionales. Asimismo, según ha sostenido, la mitad de los usuarios sufren ataques de odio en estas plataformas, a pesar de su concepción inicial como herramienta para «la comprensión global, la libertad y la transparencia».
El presidente de España ha considerado que los gobiernos deben «recuperar el control». No obstante, admite que no será tarea fácil porque dichos titanes tecnológicos tienen más recursos económicos que muchos países, pero insta a no tenerles «miedo». Y ha subrayado: «Nuestra determinación es mayor que su riqueza».
Con esta batería de medidas, el Gobierno busca responder a una preocupación creciente sobre el impacto de las interacciones digitales en la salud mental de los menores, la calidad democrática y la difusión de discursos de odio, alineándose además con una tendencia regulatoria que ya avanza en otros países europeos.