Macarena Olona ha sido noticia por el escrache en la Facultad de Derecho de Granada cuando iba a participar en un coloquio sobre feminismo y derecho. Finalmente, el acto tuvo lugar, tras la intervención de la Policía Nacional y de unos momentos que se han viralizado en redes. La exdiputada de Vox y fundadora de Caminando Juntos no ha dejado la actualidad, a pesar de su retirada de la política y la vuelta a su profesión como abogada del Estado en la Audiencia Nacional, donde ha confesado su sueldo e incluso el «cliente» más habitual.
Olona llegó incluso a publicar su nómina en X, donde se veía que ganaba 7.850,94 euros al mes como abogada del Estado, abonado directamente por el Ministerio de Justicia. Con este gesto buscó demostrar su «independencia económica» y responder a aquellos que la acusaban de cambiar su discurso únicamente para seguir en el ámbito político.
De la política a los tribunales
Macarena Olona dejó la política activa en verano de 2022 alegando motivos de salud y volvió a su plaza de funcionaria pública a principios de 2023. Su regreso generó numerosos comentarios sobre sus verdaderas motivaciones, especialmente tras realizar un notable giro en sus posturas sobre temas clave como la violencia machista, la discriminación hacia los homosexuales y la visibilización de las personas trans, unas declaraciones que contrastaban con su etapa dentro de Vox.
Con su gesto, la exdirigente de Vox buscaba demostrar independencia económica. Su salario, que asciende a cerca de 100.000 euros anuales, está considerablemente por encima del sueldo medio de los abogados del Estado, que ronda los 60.000 euros.
Aunque actualmente ejerce plenamente su profesión como abogada del Estado, Macarena Olona no ha descartado explícitamente un futuro retorno a la política activa. Su proyecto actual, un lobby que busca «hacer frente a la ideología de género», muestra su intención de seguir influyendo en la agenda pública, aunque desde un espacio diferente al que ocupaba en Vox.
A qué se dedica exactamente en su puesto
Olona ocupa de nuevo su puesto, en esta ocasión en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En esta nueva etapa, Olona está centrada principalmente en asuntos fiscales, representando los intereses de la Agencia Tributaria en procedimientos judiciales, con lo que su «cliente» principal, por así decirlo, es Hacienda. Sin embargo, por razones de reserva profesional, evita ofrecer detalles concretos sobre los procesos en curso. Uno de los asuntos destacados en la Audiencia Nacional es el polémico rescate del Gobierno a la cadena de clínicas dentales Vivanta, asunto que podría estar en manos del juzgado donde ella desarrolla ahora su labor.
La exdiputada de Vox ejerce así una posición que ya conocía bien, después de haber sido abogada jefe del Estado en el País Vasco y su paso por la empresa pública Mercasa en Sevilla, donde destapó el caso de comisiones ilegales relacionado con el escándalo de los ERE.
Macarena ha combinado su trabajo jurídico con una notable actividad mediática, que incluyó el lanzamiento de su libro Soy Macarena, una autobiografía en la que ofrece su visión crítica sobre su experiencia política y especialmente sobre la actual cúpula de Vox, formación a la que acusa de haber tomado una «deriva yunquera». Sin embargo, aclaró que su posición actual le impide comentar ciertos temas políticos controvertidos, como la ley de amnistía, por una cuestión de ética profesional y personal. De hecho, optó por no adherirse al comunicado contra la ley de amnistía firmado por varios colegas abogados del Estado, para evitar que su pasado político perjudicara el carácter apolítico del manifiesto.
Olona estudió Derecho en la Universidad Pública de Alicante, donde se graduó con premio extraordinario en 2003. En 2009 ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado y comenzó su carrera en Burgos. Entre 2012 y 2017 ejerció como abogada jefe del Estado en el País Vasco, donde presentó más de un millar de recursos contencioso-administrativos contra ayuntamientos y leyes ganando prestigio en la lucha contra el terrorismo y la corrupción, servicios por los que se le concedió la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civil en la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco.
