Reino Unido ha comenzado a cerrar filas en torno a su producción nacional ante la delicada situación del sector del streaming.
Hace unas semanas se presentaron en comisión parlamentaria las conclusiones de una investigación que aboga por instaurar medidas fiscales y gravámenes a las plataformas de streaming para sacar a los dramas británicos de alta calidad de la precaria situación en que se encuentran.
De momento se trata tan solo de una propuesta, pero la reacción de algunas de las partes afectadas no ha tardado en llegar. Y no están contentas.
El 5% de la discordia
Invertir un 5% de los ingresos generados en Reino Unido en la creación de un fondo cultural que sirva para financiar dramas británicos producidos por las emisoras públicas BBC, ITV y Channel 4. Esta es la medida propuesta por el comité parlamentario para la cultura, los medios y el deporte para proteger un tipo de producción considerada fundamental para la identidad del Reino Unido, el debate nacional y la formación de talentos.
Muchas de ellas, además, han demostrado su buen rendimiento en emisiones a través de televisión convencional. Wolf Hall: the mirror and the light, emitida por la BBC, logró congregar a 4 millones de espectadores en pocos días con su primer capítulo.
Pero este éxito de audiencia contrasta con otra realidad: la de las presiones presupuestarias que, según el director de la serie, estuvieron a punto de cancelar el rodaje. Incluso el guionista del fenómeno Adolescence, Jack Thorne, reconoció que no tenía claro que el programa se hubiese podido hacer de la misma manera en la BBC.
El aumento de los costes de producción, la contracción del mercado publicitario, el recorte en la financiación y la reducción de los acuerdos de producción han colocado a las televisiones públicas en una situación delicada, agravada por la presión que la popularidad de estos servicios está imponiendo sobre los mismos.
Por eso la comisión también urge a establecer, en paralelo, un sistema de incentivos fiscales como el que ya existe para la financiación del cine independiente, que permita sacar adelante más proyectos para ser emitidos a través de los entes públicos.
Este gravamen sobre los ingresos es una medida parecida a la que ya se aplica en España tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en verano de 2022. La nueva normativa obliga a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual (incluidas las plataformas de streaming extranjeras) a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas, como películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación.
La respuesta de las plataformas
Netflix tiene en Reino Unido su principal centro de producción fuera de EEUU y ha invertido millones de libras en este país. Su respuesta a la propuesta de la comisión ha sido la primera en llegar. En su opinión, estos gravámenes reducirían su competitividad y penalizarían a la audiencia, sobre la que caerían las consecuencias de este sobrecoste, en clara alusión a una posible subida de tarifas.
«En un mercado global cada vez más competitivo, es fundamental crear un entorno empresarial que incentive, en lugar de penalizar, la inversión, la asunción de riesgos y el éxito» aseguraban en declaraciones a la prensa.
Este nuevo envite hacia las plataformas de streaming llega apenas dos meses después de que se hiciese público que el gobierno británico estaba considerando extender la obligación de pagar el canon televisivo (que los usuarios pagan para poder acceder a la televisión en directo) a las plataformas de streaming. La medida de momento no está en vigor, pero da cuenta de una vocación de buscar nuevas vías de financiación para los entes públicos.
Según The Hollywood Reporter, citando fuentes cercanas a este debate, una de las cuestiones que genera más dudas es la gestión del fondo cultural para el desarrollo de este tipo de producciones.
«Cabe preguntarse cómo se define lo ‘británico’, qué entidades podrían acceder a esos recursos y por qué un fondo decidiría mejor que la audiencia lo que desea ver. ¿Quién distribuiría y administraría esos fondos y de qué manera? Estas recomendaciones pueden suponer un paso atrás para el sector creativo del Reino Unido», recoge el medio.
Netflix no es la única empresa preocupada por los efectos colaterales de esta medida.
La Asociación de Radiodifusores Comerciales y Servicios Bajo Demanda (COBA, por sus siglas en inglés) también ha mostrado su preocupación por las consecuencias que podría tener esta medida sobre el sector. En su opinión, afectaría directamente a los presupuestos de producción lo que, de forma indirecta, acabaría dañando a los dramas británicos que la medida quiere proteger.
Si las condiciones económicas de las plataformas se endurecen, es posible que se vean afectados los acuerdos de coproducción que están permitiendo sacar adelante muchos de los dramas de las televisiones públicas a las que el fondo cultural quiere proteger.
El debate sobre la aplicación de un impuesto a las plataformas de streaming para revitalizar la producción de dramas británicos de alta calidad ilustra la complejidad de equilibrar la necesidad de financiación pública con la creación de un entorno competitivo y atractivo para la inversión extranjera. Con el gobierno valorando distintos enfoques y las plataformas defendiendo la libertad de mercado, el resultado final será un termómetro para medir hasta qué punto el Reino Unido está dispuesto a intervenir para salvaguardar su identidad cultural y garantizar la supervivencia de un sector vital para su industria audiovisual.